Argentina cooperará en la entrega de chats de funcionarios
En el marco de la causa de YPF, Argentina comunicó a la jueza Loretta Preska que está dispuesta a colaborar en la entrega de mensajes y correos electrónicos solicitados por la justicia estadounidense. Además, el Gobierno pidió una nueva prórroga, esta vez extendiendo el plazo hasta el 21 de noviembre, dado que previamente ya se había ampliado hasta el 4 de noviembre.
La razón detrás de esta solicitud es contar con tiempo adicional para gestionar el consentimiento de 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos mensajes son parte de la investigación. La jueza había solicitado que el país presente las comunicaciones requeridas o explique por qué no puede hacerlo dentro de los plazos estipulados.
Los abogados del Estado argentino explicaron que están trabajando para obtener la autorización individual de cada persona involucrada, respetando así las normativas de privacidad que dicta la legislación local. Es importante aclarar que esta cooperación no implica una aceptación del contenido de los mensajes, sino simplemente una disposición a facilitar el proceso judicial.
Causa YPF: cambio en la estrategia judicial
Este avance significa un giro en la estrategia de defensa del Gobierno, que hasta hace poco sostenía que existían dificultades técnicas y legales para acceder a esos registros. Ahora, parece prioritario evitar nuevas sanciones procesales y demostrar buena voluntad ante el tribunal neoyorquino.
La gestión para obtener las autorizaciones involucra tanto a actuales funcionarios como a exintegrantes del gobierno anterior, y se lleva a cabo de manera individual y confidencial. Esto indica un cambio significativo en la postura del Gobierno, que busca manejar la situación con mayor apertura.
La jueza Preska deberá decidir en los próximos días si concede la prórroga solicitada y bajo qué condiciones se realizará la entrega del material. Este tema es observado de cerca por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, ya que forma parte de la etapa final del proceso, después de un fallo que dejó al país en una posición delicada ante un reclamo millonario.
Mientras tanto, el Gobierno se encuentra en una fase de ganar tiempo, evitando tensiones con el tribunal, donde cada movimiento puede influir en la negociación de los próximos pasos judiciales.